Acompaña contraloría transición de gobiernos municipales
En un esfuerzo por asegurar un cambio de gobierno ordenado y transparente en las administraciones municipales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, a través de la Secretaría de Contraloría, dirigida por Álvaro Bardales, ha implementado un riguroso proceso de auditoría y acompañamiento.
Esta medida busca garantizar la correcta administración de los recursos públicos, fortalecer la rendición de cuentas y gestionar una transición eficiente y ordenada.
Actualmente, la Secretaría de Contraloría brinda apoyo directo a los municipios de Atitalaquia y Tecozautla, centrándose en la integración de la información relativa a la entrega-recepción de obra pública, así como de recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales.
Las principales áreas de supervisión incluyen:
– Asegurar que todas las obras de 2023 estén concluidas y cuenten con el Acta de Entrega Recepción correspondiente.
– Verificar que los municipios tengan la solvencia financiera adecuada para el cierre del año 2024.
– Evitar la autorización de bonos o recursos para conceptos no aprobados en las partidas presupuestarias.
– Prevenir movimientos de personal que puedan derivar en juicios laborales que afecten el patrimonio municipal.
La dependencia busca que se cumpla con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los Códigos de Ética y Conducta.
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Las auditorías en curso evaluarán el uso de recursos en los municipios de Tlaxcoapan, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma y Apan, abarcando fondos administrados durante 2022, 2023 y el primer semestre de 2024. Estos exámenes consideran las reincidencias de observaciones y quejas ciudadanas.
Además, se han notificado observaciones a varios municipios:
– Tula de Allende: $93,000,398.16
– Atitalaquia: $23,973,832.62
– San Agustín Tlaxiaca: $4,425,630.60
– DIF de San Salvador: $26,290.34
Las observaciones incluyen irregularidades en operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales, falta de documentación comprobatoria, facturación cancelada, subejercicio de recursos y adquisiciones improcedentes.
En el municipio de Ajacuba, se detectó un monto no solventado de $41,725,060.58 durante las auditorías de 2022 y 2023. Se ha solicitado al Titular del Órgano Interno Municipal que proceda conforme a derecho e inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos responsables de las irregularidades encontradas.
Estas acciones reflejan el firme compromiso del gobierno hidalguense en el combate a la corrupción, la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza ciudadana y mejorando los servicios y la infraestructura pública.
